La ministra, ahijada de bautismo de Manuel Chaves, es conocida como 'la ahijadísima'El Juzgado de Instrucción de San Roque (Cádiz), archivó una denuncia por delito de prevaricación contra la actual ministra de Igualdad, Bibiana Aído, el 22 de abril de 2008, diez días después de ser nombrada ministra el 12 de abril, y ocho días después de tomar posesión el día 14, informa el semanario ALBA en su número de esta semana.
La causa contra Bibiana Aído, que fue delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz de 2003 a 2006, se inició a raíz de sendas denuncias presentadas por el presidente del PP de Tarifa, Juan Andrés Gil, y por el concejal de La Línea de la Concepción Manuel Aguilera, también del PP.
¿Motivo? La inacción de la Delegada de Cultura ante la aprobación por el Ayuntamiento de Tarifa de una reforma de amplio alcance en el interior y en los aledaños del castillo de Santa Catalina en Tarifa, y la omisión de Bibiana Aído ante la construcción de una vivienda unifamiliar en la Real Fábrica de Artillería de Jimena, un hecho consentido y aprobado por otra Corporación Municipal, esta vez la de Jimena.
Tanto el castillo de Santa Catalina como la Fábrica de Artillería son monumentos históricos, están situados en la provincia de Cádiz, y la Delegada de Cultura conocía perfectamente lo que estaba pasando.
Las fuentes consultadas por el Partido Popular aseguran que la estructura del Partido Socialista, comenzado por el padrino de Bibiana Aído, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, se ha involucrado siempre en que ningún escándalo judicial salpicara la meteórica carrera que se preveía para Bibiana Aído, denominada en ámbitos socialistas como “la ahijadísima” de Chaves.
Cuando estos líos judiciales fueron comprometiendo a la actual ministra, Bibiana Aído fue nombrada directora de la Agencia Andaluza del Flamenco, un cargo de perfil menor para una mujer cuyo juguete favorito en la niñez era un muñeco que cantaba ‘La Internacional’.
El fiscal Juan Cisneros, en un informe de diciembre de 2006, señaló que aunque no hubiese peligro para el patrimonio histórico, la tramitación de las construcciones y las licencias se había efectuado de forma tan antijurídica, que las obras debían haberse paralizado, como efectivamente sucedió luego en el Castillo de Santa Catalina.
A pesar del informe del fiscal, el Juzgado de Instrucción de Cádiz archivó la denuncia relativa a Santa Catalina (Tarifa), y el Juzgado de San Roque hizo lo propio con la de la Fábrica de Artillería de Jimena, pero esta vez, como se ha dicho, días después de ser nombrada ministra hace un año, lo que aumenta las sospechas de la equidad de la decisión. Este último procedimiento podría seguir abierto por defectos de forma.
No hay comentarios:
Publicar un comentario